Las celdas deben tener ventanas lo suficientemente grandes para permitir el paso de luz natural. Además, se debe asegurar al recluso el acceso a instalaciones adecuadas de baño y ducha.

Tras un cuidadoso proceso de evaluación y selección, los internos son asignados a celdas individuales, a celdas compartidas, o a habitaciones. Las directrices establecen que se debe prestar una atención particular a este aspecto para evitar que los reclusos sean víctimas de intimidación o acoso.

Estos principios no siempre se respetan a causa de la sobrepoblación. A menudo se añaden camas adicionales a las celdas, lo que reduce el espacio disponible para cada recluso.

A todos los reclusos se les debe facilitar una cama separada y ropa de cama suficiente. Esta ropa de cama, así como el colchón deben estar limpios y en buen estado, y cambiarse con la frecuencia suficiente. Todos los internos deben tener acceso permanente a agua potable.

Se debe facilitar a los reclusos un acceso permanente a agua potable y a alimentos nutritivos adecuados para su salud y bienestar.

La mayoría de los internos están insatisfechos de la cantidad y de la calidad de la comida de las prisiones. Sus quejas hacen referencia al sabor, la textura y la apariencia de los alimentos, así como a la falta de opciones y productos frescos de calidad. Los reclusos (sobre todo los hombres) consideran que las porciones, normalmente de unos 600-700 gr, son demasiado pequeñas.

Todos los reclusos pueden comprar comida adicional cada semana por un importe limitado. Por razones de seguridad, no se permite a los visitantes llevar comida a los establecimientos. Se han formulado quejas sobre la falta de refrigeración apropiada para almacenar los alimentos comprados, así como sobre el robo generalizado en los refrigeradores comunitarios. A consecuencia de ello, algunos internos almacenan comida en su celda, a menudo, de manera inadecuada.

El régimen alimentario toma en consideración los motivos médicos, religiosas o de otro tipo (por ejemplo, para los vegetarianos).

Los establecimientos penitenciarios deben tener acceso a instalaciones higiénicas básicas (por ejemplo, duchas y sanitarios), y deben facilitar a los reclusos los artículos de aseo necesarios, o los medios para comprarlos. Debe permitirse el acceso seguro, privado y diario a estas instalaciones, además de productos básicos como jabón, toallas y lavandería.

La higiene es un tema de preocupación debido a la sobrepoblación de las prisiones.

La administración penitenciaria no facilita productos de higiene íntima femenina a las mujeres y son ellas las que deben comprarlos.

En Victoria, un informe de 2014 del defensor del pueblo reveló que debido a la sobrepoblación, los reclusos reciben toallas desgastadas, manchadas y rotas.

Los reclusos disponen de asistencia sanitaria las 24 horas del día en el centro médico de la prisión. En estos centros trabajan doctores, enfermeras, trabajadores sociales y dentistas.

Según algunas encuestas, el 91% de los reclusos afirma tener un fácil acceso a la asistencia médica cuando lo necesita. Un 64% de las visitas médicas se realizan por iniciativa del personal de la clínica, y un 34% por iniciativa de los reclusos. Todos los reclusos pasan un reconocimiento médico a su ingreso al centro penitenciario y reciben tratamiento por cualquier problema de salud previo. También es posible consultar su propio médico, a condición de asumir los costes.

La práctica de medicación forzada en hospitales penitenciarios está muy extendida. Esto ocurre a pesar de que las directrices estándar requieren que “no se someta a los internos a investigaciones médicas o científicas” o “a tratamientos sin su consentimiento”. El grupo Justice Action, una organización comunitaria sin ánimo de lucro, trabaja con muchos usuarios de los servicios de salud mental que han sido medicados a la fuerza en hospitales penitenciarios.

Justice Action representó a Kerry O’Malley, a quien se le dispensaba Epilim por orden judicial, a pesar de no haber sido diagnosticada con ninguna de las enfermedades para las que se prescribe este medicamento. El tribunal acabó desestimando esta orden judicial.

Encontrará información más detallada sobre la salud de los reclusos en Australia en el informe 2015 sobre la salud de los reclusos australianos (ver para saber más).

Todos los internos tienen derecho a acceder a una zona abierta durante al menos una hora al día, así como a actividades deportivas y recreativas. Hay una serie de actividades diseñadas para ayudar a los reclusos a reinsertarse con éxito en la sociedad. Por ejemplo, en Victoria el programa “ReGroup” está a disposición de todos los reclusos penados y empieza 18 meses antes de su excarcelación. Este programa ofrece información general, así como servicios especializados, basados en las necesidades individuales de cada recluso.

Las bibliotecas de las prisiones están bien equipadas y hay ordenadores disponibles para fines legítimos de estudio.

Según informes del Gobierno, el 74.8% de la población carcelaria que puede trabajar, lo hace. Los reclusos pueden acceder a diferentes tipos de trabajo tanto dentro como fuera de la prisión, en el marco de programas supervisados. Las oportunidades para desarrollar un trabajo en beneficio de la comunidad dependen del riesgo que el recluso represente para ella. Estos trabajos incluyen la eliminación de grafitis, el mantenimiento de parques, servicios de cocina y programas de fabricación de juguetes de peluche. En las prisiones de mínima seguridad y seguridad media hay muchas oportunidades de empleo, entre ellas, la elaboración de productos lácteos, panificación, agricultura, imprenta, lavandería e ingeniería.

El trabajo en prisión está sujeto a la legislación en materia de salud y seguridad laboral.

Los reclusos reciben un pago por su trabajo, y su salario depende de la complejidad de la tarea y de los conocimientos requeridos para llevarla a cabo.

Los reclusos tienen acceso a servicios educativos y formativos, que incluyen programas de alfabetización, aritmética elemental y formación profesional. Para beneficiar de estos programas, la dirección de la prisión debe autorizar el acceso a los ordenadores y al material educativo. No se permite el uso de ordenadores dentro de las celdas.

Los servicios educativos para los reclusos se están externalizando cada vez más, lo que da lugar a una mayor oferta pero a una menor plantilla de profesores. En ocasiones, los cursos solo ofrecen una formación poco útil que no prepara a los reclusos para una exitosa integración en el mercado laboral actual.

En Nueva Gales del Sur, el Gobierno aprobó clases que incluyen alfabetización, aritmética básica, inglés como segunda lengua, tecnología de la información, pequeños negocios, educación aborigen, horticultura, arte y música. También se proponen cursos de formación profesional, pero su acceso es limitado debido a la participación financiera que se exige a los reclusos.

Una educación apropiada permite mejorar las competencias de los reclusos e interesar a los empleadores, lo que aumenta sus probabilidades de empleo y estabilidad una vez que han sido liberados. El objetivo de estos programas es reducir la reincidencia.

Los reclusos tienen derecho a acceder diariamente a las noticias del mundo exterior y a mantenerse informados a través de los medios de comunicación aprobados por la dirección de la prisión, básicamente, periódicos y revistas. El acceso a la televisión y a los ordenadores es restringido, y depende tanto de la dirección del centro penitenciario como de la clasificación de seguridad del recluso.

Algunos medios de comunicación, como la revista para reclusos “Framed”, han sido prohibidos en algunos estados, como por ejemplo, Nueva Gales del Sur desde 2002. Los servicios penitenciarios determinaron que la publicación intentaba sembrar “discordia y conflicto” dentro de las prisiones. La Comisión Australiana de Derechos Humanos halló que esta prohibición violaba el derecho a la libertad de expresión de los reclusos federales, pero el Ministerio de Servicios Penitenciarios de Nueva Gales del Sur no ha hecho ningún cambio al respecto.

La Ley de Servicios Penitenciarios de 1982 prohíbe el intercambio entre los medios de comunicación y los reclusos. En 2015, Justice Action, una organización sin ánimo de lucro, fue declarada medio de comunicación, denegándole al interno Paul Radford cualquier contacto con la organización.

Actualmente, Justice Action distribuye el periódico “JUST US” en prisiones y hospitales penitenciarios de toda Australia. La edición más reciente del periódico se centró en el derecho constitucional al voto y a ser informado. Justice Action ha tenido dificultades para conseguir el permiso de algunas jurisdicciones para distribuir “JUST US”. Algunas jurisdicciones han rechazado su petición, etiquetando el periódico como una plataforma mediática. Justice Action está negociando con estas jurisdicciones, ya que es un derecho constitucional de los reclusos recibir información política durante los periodos electorales.

Los reclusos tienen derecho a practicar su religión y a poseer los objetos pertinentes a estos efectos.

Representantes de distintos grupos religiosos acuden a las prisiones. Allí se llevan a cabo servicios religiosos y visitas pastorales, que dependen de las normas de seguridad de la prisión. Los internos pertenecientes a grupos indígenas pueden comunicar con los líderes de su comunidad para atender sus necesidades espirituales y religiosas.

Se deben tomar en consideración las creencias personales del recluso cuando este se encuentre gravemente enfermo o sufra una crisis emocional, y respetar sus prácticas religiosas en todo momento, por ejemplo, dentro el régimen alimentario.

Cada vez hay más restricciones en cuanto al acceso de las ONG independientes y los grupos comunitarios a los establecimientos penitenciarios.

Estas restricciones dificultan el acceso a la información e impiden la rendición de cuentas. En 2013, el Ministerio de Servicios Penitenciarios de Australia Occidental denegó a Amnistía Internacional el acceso a la prisión de Hakea, una instalación para adultos que estaba albergando a reclusos menores de edad. Amnistía solicitó investigar los informes que afirmaban que había menores recluidos confinados 23 horas al día, sin suficiente comida, educación u ocio.

Los organismos de ayuda son financiados por los servicios penitenciarios y, a menudo, tienen obligaciones contractuales. Se les exige mantener silencio sobre los abusos presenciados en estas instalaciones.

Cuando un recluso es arrestado, el Ministerio de Servicios Penitenciarios se hace cargo de su dinero y lo deposita en una sola cuenta corriente. Este dinero se ingresa en una “cuenta fiduciaria”, junto con el dinero que el interno percibe mientras está en prisión. Este puede provenir de miembros de la familia, ingresos ganados con su trabajo en prisión y prestaciones sociales. Dicho dinero no genera intereses.

A los internos se les permite acceder a esta cuenta para hacer llamadas telefónicas, comprar alimentos, materiales educativos y de artes plásticas en el economato, y pagar el alquiler de los televisores. Los reclusos también pueden comprar ciertos artículos como calzado, tarjetas de felicitación, ropa interior, etc. de proveedores externos autorizados.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios entrega el saldo de cuenta de peculio a cada recluso al momento de su excarcelación.

Los reclusos se comunican con el exterior mediante las visitas, llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos enviados a través de iExpress. Esta última es una herramienta informática de comunicación para reclusos, que les facilita un perfil online y un servicio de correo electrónico, monitorizado por Justice Action.

La prohibición de fumar impuesta a los reclusos del estado de Victoria ocasionó un motín en la prisión de máxima seguridad de Ravenhall en 2015.

En él, los internos blandieron palos, rompieron puertas y ventanas y prendieron fuegos. Uno de los peores motines carcelarios de la última década tuvo lugar en la prisión de Goulburn, Nueva Gales del Sur, en 2014, en la que unos 11 internos musulmanes con armas de fabricación artesanal atacaron a los guardias. El personal penitenciario utilizó gases lacrimógenos y bloqueó las instalaciones. No se han confirmado las razones que motivaron este motín.

Se ha criticado el recurso indiscriminado al aislamiento. En ocasiones, los internos que suponen muy poca o ninguna amenaza son confinados en solitario sin procedimiento formal alguno.

El aislamiento puede usarse como parte de un programa de “modificación de conducta”, impuesto por el director general, por un periodo de hasta siete días. Este procedimiento pasa por alto cualquier resolución judicial sobre el castigo.