Los reclusos tienen permitido un mínimo de una visita por semana. Las autoridades penitenciarias alientan las visitas de familiares para ayudar a los internos a mantener sus vínculos y de esta manera facilitar su resocialización. En teoría, limitar o cancelar las visitas no puede utilizarse como método de castigo para los reclusos. El régimen de visitas tiene en cuenta las diversas estructuras familiares, en particular, para los indígenas o personas de otros orígenes culturales. Se facilitan instalaciones lúdicas para los niños que acuden con las visitas.

En el Territorio de la Capital Australiana, los reclusos pueden recibir visitas privadas conyugales.

Actualmente, en la prisión de Bunbury, en Australia Occidental, se está ensayando una política que restringe el contacto con los visitantes de aquellos reclusos que dan positivo en el test de drogas. El objetivo de esta prueba piloto es que los internos confiesen a sus familias su consumo de drogas y admitan que esta es la razón por la que “no se les permite tocarlos”. La administración también cree que suprimir el contacto entre visitantes y familiares limita el riesgo de que se introduzcan drogas en la prisión. Los que critican la prueba piloto afirman que esta no toma en consideración la problemática subyacente que conduce a los reclusos al consumo de drogas.

En la prisión supermax de Goulburn, la clasificación de los reclusos limita a algunos de ellos a recibir únicamente visitas sin contacto, que se llevan a cabo en una habitación de acero, pequeña y sin ventilación, incómoda para todas las partes. No está claro cuáles son las amenazas de seguridad que han justificado este cambio.

Los reclusos pueden hacer llamadas con tarjetas telefónicas a números previamente aprobados. Las llamadas gratuitas están limitadas y el resto son de pago. Los internos pueden mantener contacto con otros a través de correo electrónico vía iExpress, una herramienta de comunicación para los reclusos, que les facilita un perfil online y un servicio de correo electrónico, supervisado por Justice Action.

Los tribunales pueden reabrir procesos por iniciativa propia o como resultado de un recurso interpuesto por alguna de las partes. El resultado puede ser la modificación de alguna sentencia importante.

Los reclusos no tienen oportunidad de “ganarse su liberación”, ya que no pueden reducir su sentencia, independientemente de su buena conducta.

Los internos pueden acudir a las bibliotecas de las instalaciones, solicitar la ayuda de los trabajadores de la prisión, recibir visitas de servicios de asesoramiento legal, y realizar llamadas telefónicas para obtener asistencia jurídica. Sin embargo, tanto el entorno y la cultura carcelaria como la capacidad personal de algunos reclusos, hace que en muchos casos pierdan la oportunidad de beneficiar de estas ayudas.

Los reclusos o las personas que ejecutan su pena al exterior pueden presentar quejas, ante el defensor del pueblo del estado correspondiente, a través de cartas o por teléfono. Las quejas pueden formularse por malos tratos, retrasos en la recepción de información o servicios, decisiones no razonables, etc. El defensor del pueblo puede responder por escrito a las denuncias de los reclusos, pero solo está autorizado a aceptar quejas relacionadas con temas de procedimiento o estructura, y no puede dar respuesta a quejas hechas para revisar una decisión discrecional.

Australia es signataria del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura pero aún no ha ratificado el acuerdo. Por ello, no se ha implementado un Mecanismo Nacional de Prevención (MNP).

Tanto los visitantes oficiales como el defensor del pueblo pueden entrar en contacto con los internos, pero sus declaraciones públicas son limitadas. El objetivo de las visitas oficiales es evitar los malos tratos. Algunos informes revelan que existen serias limitaciones a la hora de llevar a cabo los exámenes independientes, con poco o nulo seguimiento por parte de las autoridades.

Cada estado cuenta con un inspector de servicios penitenciarios, que analiza de manera independiente las condiciones carcelarias, el tratamiento y los efectos sobre los reclusos y usuarios de los servicios de salud mental. El inspector tiene acceso a todos los establecimientos penitenciarios públicos y privados, centros de detención de los juzgados, calabozos de la policía, etc. Estos inspectores ya no publican informes luego de una investigación, y la administración penitenciaria de cada estado no está obligada a seguir sus recomendaciones. En Australia Occidental, el defensor del pueblo no tiene el poder de revocar la discrecionalidad y las decisiones del Gobierno.