En Australia hay 37 109 reclusos. La población carcelaria aumentó en un 7% entre 2014 y 2015. Esto afecta a todos los estados y territorios del país, aunque Australia Occidental y el Territorio del Norte tienen históricamente unos índices de reclusión más elevados.

El hacinamiento se ha convertido en un problema debido al aumento de la población carcelaria. Algunos informes de 2015 revelan que la tasa de ocupación es del 112% en Nueva Gales del Sur y del 130% en Queensland. Las cifras de masificación son potencialmente más elevadas que las que muestran los informes, puesto que a veces se añaden camas que no se incluyen en las cifras oficiales.

Muchos órganos legislativos y tribunales australianos rechazan la definición de sobrepoblación carcelaria, así como las soluciones que se proponen para remediar el problema. La reclusión es una decisión que compete únicamente al tribunal, por lo que no siempre se consideran medidas alternativas a la hora de dictar una sentencia.

El miedo generalizado a las actividades delictivas ha provocado un endurecimiento de las penas por delitos menores y ha creado una tendencia a la aplicación de las penas máximas. Este hecho a menudo se percibe como un intento de reforzar la cultura de “Cero tolerancia” frente a la delincuencia.

El índice de población carcelaria en 2015 era de 196 reclusos por 100 000 habitantes adultos.

En junio de 2014, se contabilizaban 9264 reclusos aborígenes o pertenecientes al grupo de isleños del estrecho de Torres. Esta minoría, que representa aproximadamente el 2% de la población australiana de 18 años o más, corresponde al 27% de la población carcelaria total. Este porcentaje variaba entre estados, desde el 8% en el estado de Victoria hasta el 86% en el Territorio del Norte.

A fecha de 30 de junio de 2014, aproximadamente una cuarta parte de los reclusos (un 24%) estaban en prisión preventiva.

Durante los últimos años, se ha observado un aumento de esta población carcelaria. Entre 2005 y 2015, el número de mujeres reclusas aumentó en un 70.6% (con respecto al 41% en el caso de los hombres); entre 2014 y 2015, incrementó en un 11% (287 reclusas). Hay 2876 mujeres encarceladas en Australia.

El número de reclusas preventivas en el estado de Nueva Gales del Sur también ha aumentado. Las mujeres, al igual que los hombres, cumplen largas condenas por delitos menores y los jueces no suelen imponer penas de servicios a la comunidad o prever la suspensión de la ejecución de la pena.

Las mujeres están separadas de los hombres en todos los establecimientos penitenciarios. Las reclusas adultas también están separadas de las menores (por debajo de los 18 años).

Cada estado y territorio australiano aplica sus propias reglas con respecto a las mujeres embarazadas y las madres. Se recomienda que los niños permanezcan con sus madres reclusas y que se brinden “programas bien estructurados” para asegurar que “los intereses de los niños pasen por encima de cualquier otra consideración”. La edad límite para residir con sus madres a tiempo completo en la prisión varía en función de los estados y territorios, pero por lo general se encuentra entre los cuatro y los seis años de edad.

Las reclusas madres y los niños pequeños reciben una ayuda, que comprende chequeos médicos periódicos, cuidado de los niños, grupos de juego y asistencia social. La calidad de los servicios ofrecidos no es siempre homogénea y puede que algunas madres no beneficien de ciertos programas. En el caso de los niños que no residen con sus madres en la prisión, las visitas limitadas y las dificultades para acceder a la cárcel debido a las distancias, pueden entorpecer las relaciones maternofiliales.

Muchas mujeres recluidas en las cárceles australianas han sido víctimas de agresiones físicas y sexuales antes de ingresar en prisión. Según un informe del Centro Australiano para el Estudio de las Agresiones Sexuales dependiente del Gobierno federal, el 80% de las mujeres encarceladas tiene un historial de violencia sexual.

Se considera que las agresiones y las coacciones sexuales dentro de las prisiones de mujeres en Australia son un fenómeno que está desapareciendo.

En los centros penitenciarios de mujeres trabajan funcionarios de prisiones de ambos sexos. Los funcionarios de sexo masculino tienen prohibida la entrada a la celda de las internas a menos que vayan acompañados de otro funcionario. Todos los registros y cacheos al desnudo los debe llevar a cabo el personal femenino.

Legalmente, la minoría de edad se establece entre los 10 y los 17 años (a excepción de Queensland, donde se fija entre 10 y los 16 años). La legislación reconoce que los menores son más vulnerables que los adultos, por lo que se les trata con menos dureza y se les recluye en instalaciones diferentes.

En promedio, 1 de cada 466 jóvenes, la mayoría de sexo masculino, está bajo tutela de la justicia. El 85% ejecuta una pena al exterior, bajo supervisión, y el 15% se encuentra en centros de detención.

Hay una gran proporción de menores aborígenes y de nativos de las islas del estrecho de Torres en el sistema de justicia juvenil. El 43% de los menores reclusos pertenece a estos grupos.

Tanto el sistema penitenciario como los establecimientos requieren de reformas sustanciales para cumplir con los estándares internacionales y con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

La edad mínima a efectos de responsabilidad penal en Australia es de 10 años, contrariamente a la Convención, que la fija a 12 años.

Existen otros aspectos que tampoco cumplen con la Convención, por ejemplo, la aplicación de condenas obligatorias para delincuentes jóvenes en Australia Occidental bajo ciertas circunstancias, y la edad mínima de responsabilidad penal para ser juzgado como adulto, establecida en Queensland a los 17 años en lugar de los 18.

Es responsabilidad de los estados y territorios facilitar servicios de resocialización para los menores infractores. En Nueva Gales del Sur, por ejemplo, estos incluyen servicios educativos, sanitarios y espirituales especializados, así como programas de gestión de casos, orientación y capacitación laboral.

La mayoría de los reclusos extranjeros proceden de Nueva Zelanda, Vietnam y el Reino Unido.

Los internos extranjeros pueden tener muchas dificultades en las prisiones australianas, entre ellas, las barreras lingüísticas y culturales. Estas barreras pueden llegar a impedir que los extranjeros accedan a los servicios de salud o a las actividades, y pueden hacer que muchos de ellos se sientan aislados. Para remediar esta situación se requieren programas educativos y de atención médica más adaptados culturalmente.

Además de los 6481 extranjeros recluidos en instalaciones penitenciarias, en la actualidad, hay 30 895 inmigrantes internados en centros de detención fuera del territorio continental del país. Australia ha recibido críticas a nivel internacional por el trato que dispensa a los solicitantes de asilo. Desde 2001, se ha transferido a miles de ellos a centros de detención en el exterior, en Nauru y en Manus. Estos centros se encuentran fuera de la jurisdicción de Australia y no están sujetos a la legislación y políticas australianas. Las críticas al duro enfoque del gobierno en temas de inmigración se ven avivadas por las lamentables condiciones en las que se mantiene a los detenidos. Algunos informes indican que las condiciones de vida en estas instalaciones se asemejan a las de los “centros de tortura”.

La Oficina Australiana de Estadística no facilita cifras sobre minorías étnicas o religiosas, pero sí facilita la proporción de aborígenes y personas originarias de las islas del estrecho de Torres encarceladas. Ambos grupos representan el 29% de la población carcelaria de Nueva Gales del Sur, el 23% en Queensland y el 21% en Australia Occidental.

Los altos índices de encarcelamiento de la población indígena se atribuyen principalmente a las desastrosas consecuencias de la “Generación robada”, entre ellas, la pérdida de identidad cultural provocada por la separación de sus tierras ancestrales (un aspecto esencial para su espiritualidad). Otras causas de este fenómeno son la brutalidad policial de la que son objeto y las grandes desventajas sociales y económicas que atraviesan.

Los musulmanes también están sobrerrepresentados en las prisiones de Australia: el 9.3% de la población carcelaria del estado de Nueva Gales del Sur son musulmanes, mientras que dentro de la población total representan el 3.2%. En Victoria, el 8% de los reclusos son musulmanes, con respecto al 2.9% de la población total (Servicios Penitenciarios de Victoria). A 13 reclusos de “muy alto riesgo” de la prisión supermax de Grulburn se les ha prohibido hablar árabe en sus comunicaciones con el mundo exterior. Dicha prohibición surgió como respuesta a ciertas sospechas de terrorismo y coincidió con los planes de contratar a imanes más moderados dentro del sistema penitenciario.

Las personas transexuales están sujetas a altos niveles de violencia en las prisiones, sobre todo violencia sexual. Muchas de ellas no reciben el tratamiento médico que estaban siguiendo antes de su ingreso en prisión, y a la mayoría se les niegan los tratamientos hormonales que solicitan.

Cada estado determina sus propias políticas de lucha contra la discriminación con respecto a la identificación y la protección de reclusos LGBTI. Por ejemplo, Nueva Gales del Sur tiene una política integral de autoidentificación, y Australia Occidental tiene unas políticas básicas enfocadas en la diversidad.

El Instituto Australiano de Criminología considera como persona mayor a los individuos de 50 años o más.

Los reclusos de 65 años o más representaban solo el 2% (708 personas) de la población carcelaria total en el año 2014.

Los reclusos mayores tienen más problemas de salud física y mental y son más vulnerables a la victimización que los internos más jóvenes. La administración penitenciaria está tratando de resolver estos problemas mediante la creación de “cárceles-residencias de ancianos”, “cárceles hospicios” y “unidades para necesidades especiales”. Asimismo, está formando al personal penitenciario y modificando sus servicios para atender mejor las necesidades de los reclusos mayores.

Los problemas de salud mental son comunes entre los reclusos. Una de cada tres personas que ingresa en el sistema penitenciario tiene antecedentes de salud mental. Según el Instituto australiano de Salud, el 27% toma medicamentos para tratar problemas mentales.

Los internos con enfermedades mentales eran “controlados” segregándolos del resto de los reclusos o manteniéndolos en celdas de aislamiento, a menudo, durante largos periodos. Sin embargo, este tipo de confinamiento solo logra empeorar gravemente la enfermedad mental y causar un daño psicológico importante.

Los tratamientos de salud mental incluyen visitas de psiquiatras, enfermeras especializadas en salud mental, videoconferencias, asistencia telefónica, etc. Australia Occidental abrió el primer Centro de Justicia para Discapacitados en agosto de 2015 cuyo objetivo es facilitar un tratamiento “civilizado” a los reclusos que padecen una enfermedad mental. Este centro alberga a un máximo de 10 personas.

Según un estudio de 2013 (Baldry), el 12% de la población carcelaria tiene una discapacidad intelectual y hasta el 30% presenta una capacidad intelectual límite.

El Instituto australiano de Salud informa que un tercio de los reclusos padece de algún problema crónico de salud. La mitad de los internos encuestados dijeron que su salud había mejorado durante su estancia en prisión. Al momento de su ingreso en prisión, se realiza un reconocimiento médico a los internos, tanto adultos como menores, para detectar cualquier problema de salud. La prestación de los servicios de salud varía de un estado a otro, pero se centra principalmente en la resocialización del individuo. Estos servicios están diseñados para controlar la salud física y mental de los reclusos durante su estancia en prisión y tras su liberación. En Nueva Gales del Sur, por ejemplo, Justice Health cuenta con un programa especial para tratar a los internos reincidentes adictos a las drogas o al alcohol.