La pena de muerte fue abolida para los delitos cometidos en tiempos de paz en 1948 (Constitución italiana art.27), y en 1994 para los crímenes cometidos en tiempos de guerra.

El suicidio es uno de los principales problemas del sistema penitenciario italiano. La falta de programas de prevención de riesgos y el sufrimiento de los detenidos son factores preocupantes. El método más frecuentemente utilizado es el ahorcamiento.

La tasa de suicidio en prisión en Italia (7.4/10 000) es más alta que la media de la Unión Europea (5/10 000), aunque se ha observado una disminución en los últimos años. El año pasado, 42 muertes fueron atribuidas al suicidio, la cifra más baja que se ha registrado desde el 2000.

Veinte muertes de internos se debieron a enfermedades, tres a una sobredosis de drogas y una a un asesinato. Según la información recolectada por el Observatorio Permanente de Muertes en Prisiones, 17 muertes siguen sin explicación. Por ejemplo, Stefano Borriello, de 29 años, falleció durante la noche del 7 de agosto en la cárcel de Pordedone sin que hoy en día se haya dado una explicación sobre su muerte.   

Tras un suicidio en la prisión Pagliarelli, en Palermo, salieron a la luz la falta de cuidados psiquiátricos, el alto porcentaje de reclusos puestos en aislamiento y la mala atención que se brinda a las personas con comportamientos suicidas.

La tortura no está inscrita en el código penal italiano. Actualmente, ciertas organizaciones abogan por su inclusión.   

Desde el 2001, se han registrado varios casos graves de malos tratos, que se asemejan a la tortura. Dos de ellos han sido llevados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en el 2015, y declarados admisibles por violación al art. 3 (“Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”). El primer caso concierne a dos reclusos que fueron víctimas de tortura por parte del personal penitenciario en la prisión de Asti (en el 2004); el segundo, a 31 detenidos en la prisión de Bolzaneto (en el 2001). En ambos casos, el gobierno italiano propuso indemnizar a las víctimas.

Existen otros dos casos de maltrato que están actualmente abiertos: el conocido caso de Rachid Assarag, quien entre el 2010 y el 2011 grabó en secreto a unos guardias penitenciarios discutiendo abiertamente sobre los tratos violentos a los que habían sido sometidos él y otros reclusos de la prisión de Prato. El segundo, menos conocido, es el caso de violencia contra algunos internos en la prisión Marassi en Génova, que puso bajo investigación a 13 guardias, oficiales y médicos penitenciarios.

No se ha reportado ningún caso de detención arbitraria o secreta.