A partir de las sentencias piloto del TEDH (Torreggiani y otros c. Italia, del 8 de enero del 2013), Italia ha intentado reducir el hacinamiento de sus establecimientos penitenciarios. La tasa de ocupación ha disminuido desde hace cinco años, pasando de un 175 %, en el 2010, a un 105 % en el 2015.

Las reformas legislativas para reducir la detención preventiva contribuyen a esta mejora. Los preventivos representan el 34 % de la población reclusa, una cifra que sigue siendo alta en comparación con el promedio de la Unión Europea, de alrededor del 21%.

Gracias a la aplicación de medidas alternativas, el número de personas condenadas a una pena no privativa de la libertad ha pasado de 33 247 a 50 898 entre el 2014 y el 2015.    
El hacinamiento sigue siendo un problema en algunos establecimientos. En Pozzuoli, uno de los centros penitenciarios para mujeres más grandes del país, la tasa de ocupación se mantiene por encima del 150 %. Las prisiones de Secondigliano, Roma Regina Coeli y Poggioreale también tienen una tasa de ocupación muy elevada.

El 35 % de los detenidos son condenados a una pena inferior a 5 años, el 27 % de 5 a 10 años, y el 24 % de 10 a 30 años. El número de reclusos condenados a cadena perpetua alcanzó la cifra récord de 1 633.

Los extranjeros, en su mayoría originarios de Marruecos, Rumania, Albania y Túnez, representan el 33 % de la población carcelaria.

Las mujeres representan el 4 % de la población reclusa. Existen cinco prisiones exclusivas para mujeres; la más grande, Roma Rebibbia (Casa Circondariale), aloja a 298 reclusas. Hay módulos femeninos dentro de otras 53 prisiones del país en el que se encuentran recluidas 18 mujeres con sus hijos.

Existen tres centros especiales para madres reclusas “ICAM”, en Turín, Milán y Venecia, que reciben a mujeres con niños menores de tres años. Todas las mujeres con hijos pueden solicitar su ingreso a un ICAM. El juez será quien tome la decisión, según el número de plazas disponibles. Si bien se trata de prisiones, estas instalaciones no tienen barreras y los guardias usan ropa de civil para proteger el bienestar emocional de los niños. En el 2015, estos centros albergaban a 22 mujeres y 24 niños en total.

Pese a las exigencias de las reglas penitenciarias europeas, las prisiones desatienden las necesidades específicas de las mujeres. No todas proveen cuidados ginecológicos adecuados ni garantizan unas buenas condiciones de higiene: no se distribuyen tampones o toallas higiénicas sistemáticamente y ni se realizan controles ginecológicos con regularidad.

Las 16 instituciones penales para menores (IPM) reciben a adolescentes (de 14 a 18 años) y a adultos jóvenes (de 18 a 25 años) que han cometido delitos siendo menores de edad. No existe una separación completa entre estos dos grupos dentro de las instalaciones y esta cohabitación a veces es problemática.

En el 2015, los niños y los hombres jóvenes representaron el 91 % de la población reclusa en las IPM, y las niñas y las mujeres jóvenes el 9 % restante. El 55 % de esta población son italianos y el 45 % extranjeros (en su mayoría de Rumania, Marruecos, Túnez y Croacia).

La mayoría de las personas detenidas (266) en un IPM han sido condenadas. Sin embargo, 67 personas se mantienen en prisión preventiva y más de 100 a la espera de una sentencia definitiva.

Los jóvenes recluidos en una IPM participan generalmente en formaciones escolares o profesionales y pueden realizar actividades recreacionales. Esto varía según la IPM: Nisida, Bari y Palermo proponen múltiples actividades, mientras que otras carecen de recursos para hacerlo.

En el 2015, los extranjeros representaron el 33 % de la población reclusa. La mayoría de los 17 340 extranjeros reclusos son originarios de Marruecos (más del 16 %), Rumania (más del 16 %), Albania (14 %) y Túnez (11 %).

Con frecuencia, los extranjeros son detenidos por delitos menores relacionados con el tráfico de estupefacientes, la prostitución y la violación a las leyes de inmigración. Esta población tiene dificultades para obtener penas no privativas de la libertad, ya que muchos no disponen de un lugar de residencia que les permita cumplir la pena en su domicilio.

La presencia de extranjeros plantea nuevos retos a la administración penitenciaria. Por ejemplo, los musulmanes no siempre cuentan con espacios adecuados para realizar sus prácticas religiosas.

Por lo general, las minorías étnicas o religiosas no se separan del resto de la población, a menos que sea necesario por razones de seguridad. Sin embargo, se separa a los “detenidos radicalizados” para evitar el proselitismo.

No siempre se garantiza el derecho de estas minorías a beneficiar de un intérprete y a practicar su religión.

Ningún censo permite identificar a la población homosexual reclusa.

Según los datos del 2013, se ha reconocido el estatus de transgénero a 69 reclusxs, que viven en espacios separados del resto de la población reclusa en 10 prisiones del país.

Según las asociaciones LGBTI, esta cifra no incluye a lxs internxs transgénero que se sometieron a una operación antes de su encarcelamiento, y para quienes la asignación a un centro penitenciario para hombres o mujeres depende de su nueva identidad sexual.

En Italia las opiniones políticas no constituyen un motivo de encarcelamiento.

El número de adultos mayores recluidos ha aumentado en los últimos años. En el 2015, había 3699 reclusos de más de 60 años, es decir **el 7% de la población reclusa total.

Los reclusos mayores no benefician de ningún tipo de tratamiento o adaptación específica a sus necesidades. Solo se les otorga la libertad anticipada si su estado de salud se considera incompatible con la vida en prisión. Las instalaciones médicas a menudo no están equipadas para tratar los problemas de salud relacionados con la edad. La administración penitenciaria no ha comunicado el número de liberaciones anticipadas.

Según la información de la Società Italiana Medicina e Sanità Penitenziaria (SIMSPe), el 48% de los detenidos sufren de enfermedades infecciosas en prisión y el 32% tiene problemas de salud mental. Un tercio de la población reclusa padece de hepatitis.

Muchos reclusos con enfermedades graves y minusvalías son abandonados casi por completo debido a la falta de recursos y de personal. En algunos casos, los otros reclusos se encargan del cuidado de los enfermos a cambio de una modesta compensación. Estas personas reciben el nombre de “piantone”.

La mayoría de los enfermos graves esperan que se les reconozca su incompatibilidad con la vida en la prisión.

Asilos mentales¶

En los años 80 se cerraron los asilos mentales en Italia, a excepción de los hospitales psiquiátricos judiciales (OPG), estructuras que sirven, al mismo tiempo, de prisión y de asilo mental. Cuatro de estos OPG siguen en funcionamiento, a pesar de que se había fijado un plazo legal hasta marzo del 2015 para su cierre definitivo.

Estos cuatro OPG tienen problemas de sobrepoblación, falta de formación del personal, mala alimentación, pésimas condiciones de higiene y escasos programas de actividades. El antiguo presidente italiano, Giorgio Napolitano, los definió como “un horror extremo, inconcebible para cualquier país civilizado”. Pese a esto, 164 personas se encuentran detenidas en estas cuatro estructuras.

La campaña “Stop OPG” ha solicitado a las autoridades que incoen procedimientos judiciales contra las regiones que no han acatado la orden de cierre. La asociación L’Altro Diritto ha recolectado más de 100 demandas contra el Estado italiano (por detención ilegal) de personas recluidas en los OPG.