Un detenido puede recibir 6 visitas al mes de familiares, parejas y amigos autorizados. Cada visita puede durar hasta 1 hora.

En la práctica, los familiares se presentan a menudo sin una autorización previa y sólo son rechazados si el detenido se niega a verlos.

Algunas prisiones programan las visitas únicamente durante los fines de semana y las vacaciones, lo que dificulta la organización. Con frecuencia, los visitantes deben esperar mucho tiempo antes de poder ingresar a los establecimientos. No existen disposiciones para garantizar las visitas conyugales.

Los niños usualmente visitan a los internos en espacios abiertos o en áreas específicas, con el fin de proteger su bienestar emocional.

Los detenidos bajo el régimen 41bis (mafiosos y terroristas) tienen restricciones adicionales en cuanto a las visitas, como la prohibición de todo contacto físico.

Un interno puede hacer hasta 6 llamadas al mes a familiares y a otras personas autorizadas. Cada llamada puede durar máximo 10 minutos. En algunos casos, los detenidos reciben una tarjeta con la que pueden hacer llamadas más largas.

Las llamadas pueden ser más difíciles para los extranjeros, ya que la administración debe verificar los números internacionales.

Los detenidos no pueden recibir faxes o correos electrónicos. Sin embargo, una nueva circular del Departamento de Administración Penitenciaria, del pasado mes de noviembre, permite mejorar el acceso a internet a través de terminales autorizados y monitoreados.

Las cartas siguen siendo la forma de comunicación más común con el mundo exterior. Estas también pueden estar sujetas a controles.

Los reclusos con buen comportamiento pueden obtener reducciones de pena que pueden ser hasta de 45 días por cada seis meses. El juez de ejecución de penas es el encargado de examinar las peticiones de libertad anticipada.

Los reclusos que hayan cumplido sanciones disciplinarias no son elegibles para una reducción de pena.

Los reclusos no pueden tener conversaciones telefónicas con sus abogados, pero pueden entrevistarse con ellos o escribirles de forma confidencial.

Los detenidos pueden acceder a documentación legal y tienen derecho a solicitar las piezas de su expediente personal a la administración penitenciaria. El procedimiento para obtener estos documentos puede ser lento. Cada persona debe pagar por sus copias.

Las restricciones adicionales para los detenidos del régimen 41bis (mafiosos y terroristas) se extienden a la comunicación con sus abogados.

El MNP “Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale” fue creado el 3 de abril del 2013 (decreto 146/2013). El comité ejecutivo, compuesto por tres miembros, se designó en el 2016. Su primer presidente es Mauro Palma.

El MNP depende del Ministerio de Justicia en cuanto a los recursos financieros y al personal, lo que puede cuestionar su independencia.